5/22/2013

Marcha contra la represión y el espionaje : EMVyJ 22 de mayo - 17.30 a Plaza de Mayo


El juez federal Sergio Torres ordenó ayer el allanamiento de dependencias de la Policía Federal a partir de la denuncia que le habían presentado pocas horas antes las organizaciones del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ) por la infiltración de un agente civil de Inteligencia (PCI) de esa fuerza en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh. Según pudo saber Página/12, el procedimiento fue positivo en el marco de la causa que investiga la presunta violación de la Ley de Inteligencia, según estableció la fiscalía al requerir el inicio de la acción penal en base a la denuncia.

 El EMVJ también pidió que el agente infiltrado, Américo Balbuena, sea llamado a declaración indagatoria. El caso fue denunciado hace dos semanas por la Agencia Walsh, tras lo cual el Ministerio de Seguridad pasó a disponibilidad al agente y ordenó una investigación interna. Balbuena había entrado como periodista en 2002 y trabajaba con la agenda de actividades de los movimientos sociales, lo que le dio acceso cercano a sus dirigentes y militantes. “La infiltración de las fuerzas de seguridad en los movimientos sociales tiene como objetivo la criminalización de la protesta, esa información va a las causas contra los luchadores. No estamos ante un caso aislado; cada fuerza tiene su grupo de espías, como la Gendarmería con Proyecto X, y la Federal tiene unos mil agentes para esta tarea”, aseguró la abogada Myriam Bregman, querellante en el expediente por el espionaje de los gendarmes.

5/21/2013

En Uruguay, miles de personas criticaron los últimos fallos de la justicia porque supone un retroceso en materia de derechos humanos

Marcha en silencio en contra de la impunidad

Este año los que se movilizaron a la sede de la Corte Suprema repudiaron que ésta haya declarado inconstitucional una ley que dejaba sin efecto la amnistía y apartara a la jueza Mariana Mota de la investigación de delitos de lesa humanidad.

Miles de uruguayos salieron ayer a las calles de Montevideo para reclamar el fin de la impunidad. Bajo la consigna “En mi patria no hay justicia, ¿quiénes son los responsables?”, marcharon hacia la sede de la Corte Suprema de Justicia en reclamo de castigo para los responsables de crímenes cometidos durante la dictadura militar 1973-85. La Marcha del Silencio se hace cada 20 de mayo, en conmemoración del asesinato en esa fecha, en 1976, de Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz, y de los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, quienes fueron secuestrados en Buenos Aires. Este año, la marcha estuvo marcada por los últimos fallos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que declaró inconstitucional la norma interpretativa de la Ley de Caducidad y apartó de la investigación por causas de delitos de lesa humanidad a la jueza Mariana Mota. La Justicia uruguaya se había pronunciado en febrero pasado contra una norma aprobada en 2011 que impedía la prescripción de los delitos cometidos por uniformados durante los años de plomo, por lo que aquellos crímenes podrían quedar impunes y las causas, archivadas. Además, el propio presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, había expresado meses atrás que los casos que prosperaran se iban a chocar contra una muralla al llegar al Supremo.

Las entidades organizadoras insistieron en que se avanzó poco en el esclarecimiento de lo ocurrido, renovaron su reclamo en favor de la verdad y la justicia y cuestionaron el comportamiento de la SCJ, frente a cuya sede cerró la marcha con un cacerolazo. “No queremos que la condena quede circunscripta solamente a la SCJ, porque hay otros responsables,como los ex presidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle, por ser los personeros más visibles, pero en Uruguay hay una cultura de la impunidad”, expresó Ignacio Errandonea, integrante de la organización Familiares de Desaparecidos. “Luego de avances y compromisos de la población, en esta última etapa la Suprema Corte de Justicia resuelve un retroceso en el proceso que llevó a los procesamientos de varios de los responsables de la tortura, y al traslado de la jueza Mariana Mota. Pero también hay retroceso por la incidencia de actores políticos que quieren que no se haga justicia en nuestro país”, explicó Washington Beltrán, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la central sindical PIT-CNT.

Para Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, la Marcha del Silencio estuvo signada por lo ocurrido recientemente en relación con los procesos judiciales. “Más allá de los operadores individuales, desde la dictadura hasta ahora, la Justicia no ha hecho un papel acorde al espíritu democrático del país”, enfatizó. Además, resaltó que el recientemente fallecido dictador argentino Jorge Rafael Videla fue enjuiciado con las garantías del caso y sentenciado a cadena perpetua, y destacó que en Argentina los familiares tuvieron la oportunidad de que se hiciera justicia, y la sociedad la tranquilidad de que el torturador muriera cumpliendo su pena. “Cuando Ruibal Pino dijo que se van a chocar con una muralla, por fin dice las cosas por su nombre. Ese es el tipo de pensamiento que hay que combatir”, concluyó.

En relación con la muerte de Videla y el estado de los juicios a los responsables de la última dictadura en Argentina, Rafael Michelini, senador del Frente Amplio e hijo del diputado asesinado en Buenos Aires en 1976 Zelmar Michelini, dijo que el ex dictador argentino fue el símbolo del horror y del Plan Cóndor. “Lo de Videla es perverso y termina con él una etapa. En la Argentina se ha avanzado más en el tema de la Justicia y casi todos los represores responsables de crímenes de lesa humanidad están presos”, agregó, trazando un paralelismo con lo que ocurre en Uruguay.

En su decisión de febrero pasado, la SCJ declaró la inconstitucionalidad de los dos primeros artículos de la Ley 18.831, que restablecieron el “pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos por la aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”, considerados de lesa humanidad. El principal argumento esgrimido fue que la ley penal no puede aplicarse retroactivamente. La ley de “imprescriptibilidad” de los casos de violaciones a los derechos humanos en la dictadura uruguaya, declarada ahora inconstitucional, había sido promovida por el gobierno del FA, aunque con alguna disidencia interna entre sus distintas facciones. También había sido cuestionada por la oposición política con el argumento de que desconoció dos pronunciamientos populares, que en 1989 y 2009 optaron por mantener la ley que a la salida de la dictadura amnistió a los policías y militares que participaron en secuestros, violaciones y asesinatos de opositores durante el régimen de facto. La SCJ había expresado que a partir de ese momento las causas judiciales abiertas en las que hubiera militares procesados por delitos cometidos durante la dictadura debían ser archivadas, al entenderse que prescribieron. La senadora Lucía Topolansky, dirigente y esposa del presidente José Mujica, había manifestado que por el fallo quedaba planteada la posibilidad de realizar un juicio político a los jueces de la Corte.

5/16/2013

La movilización popular logró la liberación de los cinco delegados de ATE

Los detuvieron el martes por una causa iniciada por el Ministerio de Educación bonaerense.

 Por Adriana Meyer

“Sé donde vivís, te voy a matar a tu hijo”, fue la amenaza que el custodio del Ministerio de Educación bonaerense le dijo a María Inés Uro, una de las delegadas de la junta interna de ATE Educación mientras la llevaba presa. Fue el martes a la mañana, cuando junto a cuatro compañeros salían de una reunión en la sede de la cartera educativa, en un operativo en el que personal de civil los esposó y forcejeó con Marcelo Ardetti, representante sindical e hijo de de-saparecidos. Acusados de coacción agravada en una causa iniciada por la propia ministra de Educación Nora de Lucía tras el conflicto del año pasado en la Dirección de Escuelas, pasaron la noche tras las rejas y ayer fueron liberados. Según consideró Silvia Valdez, otra de las delegadas detenidas, a Página/12, el paro y la movilización de los estatales permitió su excarcelación. La Secretaría de Derechos Humanos bonaerense investigará el procedimiento policial.

“En la patota que nos detuvo un policía que es de la guardia del ministerio nos marcó, porque ni nos preguntaron los nombres, sólo hubo insultos y amenazas”, dijo Valdez. Junto a Ardetti, Uro, Alejandro Sánchez Moreno y Miguel Ciappina fueron trasladados a la DDI de 61 entre 12 y 13. “Empezamos a llamar y a la media hora estaban todos los compañeros”, agregó. Tras negarse a ser indagados por el fiscal Tomás Morán los iban a trasladar a la cárcel de Olmos y otras dependencias, pero la orden “fue frenada por la movilización popular que rodeó Tribunales”.

Luego de pasar la noche presos, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense inició un paro por su liberación. El juez César Melazo los había detenido por su participación en una protesta, a fines de septiembre, con ocupación de la Dirección de Escuelas provincial. La ministra De Lucía justificó las detenciones al afirmar que “cometieron hechos criminales” durante aquella medida de fuerza. “De ninguna manera –rechazó Valdez– ,lo que hacemos es reclamar por nuestro salario y condiciones de trabajo, contra la precarización y el ajuste que la Dirección quieren implementar, paramos un recorte salarial y frenamos 144 despidos con una toma de once días, eso es luchar, no es coacción agravada. Y acusarnos de eso es persecución gremial.” La titular de la cartera educativa los había acusado de romper muebles e impedirles salir del edificio. “La Dirección es nuestro lugar de trabajo”, replicó la delegada.

Los dirigentes Roberto Baradel (Suteba-CTA) y Oscar De Isasi (ATE provincia) calificaron como “ilegal” la detención y acusaron a Daniel Scioli de querer “judicializar la protesta” para “instaurar el temor”.

5/15/2013

Represión trabajadores ATE-La Plata : Comunicado de prensa de H.I.J.O.S. MDP Red Nacional:

Ante los hechos ocurridos a los compañeros Afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en La Plata, que en el día de ayer martes 14 de mayo en horario del mediodía fueron detenidos brutalmente por personal de civil que operaron como grupos de tareas de la dictadura militar, recordando con su accionar momentos de la historia mas nefasta de nuestro Pais.

Denunciamos y hacemos publico nuestro repudio mas enérgico ante la detención de los delegados de la junta interna que se los acusa del delito de coacción teniendo este una pena de hasta 6 años de prisión agravada por el intento de desmovilizacion al intentar trasladar a los compañeros al penal de Olmos. Los cinco delegados que fueron detenidos por su participación en una protesta con ocupación de la Dirección de Escuelas provincial por recortes salariales.

No podemos permitir que sea reprimida y judiciliazada la protesta social cuando su claro el objetivo de defender las garantías de los trabajadores.

Hacemos responsables al juez de Garantías, César Melazo, la acusación infundada por el delito de "coacción agravada" por pedido del fiscal Tomás Morán, a la policía de Macri, y a los gobiernos Provincial y Nacional por la persecución de los compañeros delegados.
Libertad y desprocesamiento ya de los dirigentes Alejandro Sánchez Moreno, María Inés Uro, Silvia Valdez Abalos, Miguel Ciappina y Marcelo Ardetti

No olvidamos, No perdonamos, Ni nos reconciliamos y es por ello que tampoco nos callamos!

H.I.J.O.S. REGIONAL MAR DEL PLATA EN LA RED NACIONAL